Los 80 km/h y la Barcelona metropolitana

El cambio de gobierno en la Generalitat ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la Barcelona metropolitana. Aunque en realidad el gobierno tripartito tampoco es que hiciera gran cosa por introducir de nuevo una Área Metropolitana de Barcelona con competencias potentes en materia de movilidad y urbanismo, las primeras acciones del gobierno convergente parecen evidenciar que no han cambiado demasiado en su visión municipalista que les llevó a cerrar la Corporación Metropolitana a finales de los años 80.

La decisión que me lleva a pensar éso es la de la supresión del límite de los 80 km/h en los accesos a la ciudad, y cuando digo ciudad me refiero a término municipal, de Barcelona. He ahí donde, en mi opinión, radica el problema. Para CiU, Barcelona es una ciudad de 100 km2, por lo que una cosa es limitar la velocidad en las calles de un solo sentido o evaluar la segregación del carril bici por la Diagonal, y otra cosa son los accesos viarios que discurren por términos municipales del continuo metropolitano, por Cornellà o por Sant Boi o por Molins, etc. Parece que para CiU, la B-23 a su paso por Molins de Rei no es una “calle” de la ciudad metropolitana, sino una autopista que pasa por unos municipios para llegar a otro, como pasa la AP-7 por Banyeres del Penedès en su camino hacia Tarragona.

Vaya por delante que estoy convencido de que en pleno 2011, existen los medios técnicos y tecnológicos para introducir un sistema de velocidad variable que tenga en cuenta criterios medioambientales y de seguridad vial para fijar un límite acorde con cada conjunto de variables que se den a cada momento. Es evidente que no es lo mismo la calle Diputación que la B-23, básicamente porque no ésta última no está integrada en la trama urbana y está relativamente segregada de las actividades residenciales. Pero desde un punto de vista de impacto sobre el territorio, deberíamos ser conscientes de que Barcelona no se limita al municipio administrativo, sino que se trata de un ámbito metropolitano que por las implicaciones de movilidad, relaciones económicas y sociales, por la implantación de edificaciones, por el uso del suelo que se ha promovido a lo largo de muchos años, abarca a día de hoy municipios hasta Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa y Mataró, como poco. Sin embargo, parece que para CiU, admitir esa realidad podría suponer perder parte de su poder político, basado en su dominio sobre la mayoría de los municipios fuera del área metropolitana y, por tanto, que ésta pudiera suponer un contrapoder a la misma Generalitat.

Ahora, el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona decía el otro día que hace falta apostar de verdad por la Barcelona metropolitana. Pero seguido, dice que jamás introducirá el tranvía por la Diagonal. A mi juicio, además de por sostener una política de movilidad totalmente érronea y perjudicial porque ahonda en el modelo actual (uso excesivo del vehículo privado y un transporte público urbano que no puede competir en velocidades comerciales), evidencia que no tiene una visión metropolitana. Porque un tranvía por la Diagonal es un paso más en la introducción de una movilidad más sostenible, que permita accesos a Barcelona desde la periferia mediante trenes de cercanías que conecten con otras plataformas de transporte público de corto alcance con velocidades elevadas y alta frecuencia de paso, el tranvía por ejemplo. Es decir, apostar por un modelo de transporte público que sea capaz de generar demanda.

En definitiva, mucho me temo que la combinación de un gobierno de CiU en Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona no sólo no facilite la introducción de políticas verdaderamente metropolitanas sino que aún lo empeore más. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses.

Gallecs: el new town de Barcelona

En junio de 1970, el Gobierno español promulgó un decreto-ley de actuaciones urbanísticas urgentes, dentro del denominado Programa ACTUR, el cual pretendía dar solución a los problemas de crecimiento desbordado en las grandes concentraciones metropolitanas de Madrid y Barcelona, fruto principalmente de los movimientos migratorios hacia esas ciudades experimentados durante los años 60. En el área metropolitana de Barcelona, el Programa ACTUR determinó actuaciones en tres ámbitos: Martorell, Sabadel-Terrassa y la riera de Caldes (ámbito también llamado Gallecs). La actuación urbanística de Gallecs es quizás de las más interesantes, ya que proponía la creación de una nueva ciudad, al estilo de los new towns ingleses o de las ville nouvelle francesas. Los new towns ingleses, de los cuales el de Milton Keynes es seguramente el caso más paradigmático, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial básicamente pensadas como nuevas ciudades jardín, que buscaban crear nuevas centralidades que permitieran la descongestión y descentralización del crecimiento de las grandes ciudades, principalmente de Londres, poniendo así un límite al crecimiento de las grandes concentraciones urbanas.


Con este modelo de nueva ciudad en mente, el Gobierno procedió a la rápida expropiación de un total de 1.472 ha de suelo ubicadas en los municipios de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau de Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Polinyà y Montcada i Reixac. Era pues una actuación urbanística de índole supramunicipal, que se imponía a cualquier tipo de planificación local pre-existente y que buscaba dar una salida a las necesidades de crecimiento desde un punto de vista metropolitano y no localista. Así pues, pese a lo quizás reprochable del proceso de expropiación forzosa, el modelo urbanístico era bastante loable, proponiendo un crecimiento compacto en lugar de la dispersión de crecimientos puntuales en cada municipio de la corona metropolitana.

En menos de un año, las expropiaciones fueron ejecutadas, pero entonces se originó un problema administrativo que puso en jaque (posteriormente jaque mate) el desarrollo de esta nueva ciudad de Gallecs. Y es que no estaba claramente definida la naturaleza jurídica de este nuevo asentamiento y, con ello, su financiación y viabilidad económica. Mollet del Vallès, municipio que aportaba una mayor cantidad de suelo, propuso que la nueva ciudad estuviera bajo su tutela administrativa. Sobre la mesa también se puso la alternativa de crear una mancomunidad de municipios. Pero finalmente, no hubo respuesta por parte del Ministerio de la Vivienda, hasta que en octubre de 1973 se comunicó la decisión de paralizar el proyecto de new town de Gallecs. El principio del fin del régimen, así como el impacto de la crisis económica tuvieron un papel determinante en esta decisión, pero también la falta de voluntad de colaboración entre municipios y de visión supramunicipal. La llegada de la democracia, el traspaso de competencias urbanísticas a la Generalitat y el cambio de titularidad del suelo expropiado al Incasol, supuso casi una década de inmovilismo, llegando a la década de los 80 con la realidad de una enorme reserva de suelo clasificada como urbanizable, sobre la que los municipios no podía ejecutar ningún tipo de desarrollo urbanístico por su cuenta y, además, con un gran valor paisajístico y medioambiental. Además, existía y existe otra problemática derivada de la expropiación forzosa y es que no es posible cambiar la clasificación del suelo a no urbanizable, dado que eso podría conllevar a que los antiguos propietarios expropiados reclamaran sus derechos sobre ese suelo, ya que fue expropiado por motivos de interés social que luego no se han llevado a cabo.


A partir de 1980, el Incasol, el agente autonómico sobre el que recaen las competencias de desarrollo urbanístico, llevó a cabo una política completamente contraria a lo que proponía en su momento el ACTUR de Gallecs, es decir, en lugar de concentrar crecimientos en esos terrenos, permitir crecimientos independientes en cada uno de los municipios de la riera de Caldes, algunos de ellos sobre el propio espacio de Gallecs. Así pues, Mollet del Vallès llevó a cabo una actuación de ensanche en parte de los terrenos de Gallecs, Palau de Plegamans y Santa Perpètua construyeron polígonos industriales, etc. Todo ello llevó a la situación actual en que, de las 1.472 ha expropiadas en 1970, tan sólo quedan libres de urbanización unas 800 ha.


Es decir que la paralización del proyecto de nueva ciudad en el área de la riera de Caldes, que suponía un crecimiento compacto de diversos municipios, el cual podía aportar un uso más eficiente del suelo y de los recursos, y un menor gasto de energía y de movilidad forzosa, fue sustituido por crecimientos dispersos y sin una lógica de conjunto. Duplicando oferta de suelo industrial sin una estrategia centralizada, duplicando equipamientos y, además, sin mantener intacto el valor verde de Gallecs, una de las reivindicaciones de los agentes de la zona y uno de los motivos de paralización del proyecto inicial. Ahora, la ley catalana de urbanismo aboga por un modelo de desarrollo urbanístico y territorial sostenible, que haga un uso racional y eficiente del suelo, que promueva crecimientos compactos y que evite la dispersión.

Ahora, existen 800 ha de suelo urbanizable no programado sobre los cuales existe un plan director urbanístico específico que promueve y trata de garantizar que Gallecs se constituya como un espacio libre de urbanización, como un espacio protegido de interés natural. Seguramente es la alternativa más lógica, pero es una lástima que durante 20 años, la política urbanística de la Generalitat no haya propiciado un modelo más sostenible de crecimiento urbano, no sólo facilitando sino contribuyendo a crecimientos irracionales, y ahora, la solución es parque natural y status quo. Pese a que se podría haber perdido un espacio de interés natural, parece menos recomendable el modelo adoptado de permitir la actuación independiente de cada municipio, sin responder al interés general. Parece mentira que una decisión y propuesta de un gobierno franquista tuviera, con matices, más lógica que las decisiones de sucesivos gobiernos democráticos.

10 años de 22@ (I): the party is over, ¿y ahora qué?

Se acaban de cumplir 10 años de la creación y puesta en marcha del 22@, 10 años de la aprobación del plan urbanístico de transformación del suelo industrial del Poblenou. Con motivo de ese aniversario, el 22@ ha producido un vídeo donde se exponen las bondades y éxitos del proyecto. Pero 10 años después, se cierne sobre este proyecto de transformación urbana algunas sombras. Más allá de lo bueno y lo malo que pueda haber ocasionado el 22@, la realidad es que actualmente la continuidad de esta regeneración está entredicho debido a la actual crisis inmobiliaria. Y es que, como en general el modelo urbanístico en Catalunya y en el resto de España (las competencias urbanísticas son autonómicas), la creación de ciudad, la transformación de barrios degradados, el urbanismo en general está supeditado en gran medida a la iniciativa del sector inmobiliario y, por tanto, a la especulación.

Vídeo 10 anys 22@

No pongo en duda que el objetivo de fondo de este proyecto. Sin duda, hace 10 años existían muchas naves industriales abandonadas y totalmente degradadas en el Poblenou. También resistía parte de una industria obsoleta, molesta y nociva en algunos casos, perteneciente a sectores económicos en decadencia y cuya capacidad de generar nueva ocupación y contribuir al dinamismo económico de la ciudad podía ser cuestionable. Iniciar un proceso para facilitar la reconversión industrial de un ámbito urbano, contribuir al cambio de modelo económico es totalmente deseable. De hecho, si se hubiera llevado a cabo antes, seguramente el impacto de la crisis económica actual no hubiera sido ni tan severo ni tan persistente. Pero el problema a mi juicio es la forma en que se ha promovido este cambio de modelo económico materializado en ese proceso de transformación urbana de una pieza central de ciudad.

El quid de la cuestión es que el proyecto 22@ se pone en marcha en los primeros años de creación de la burbuja inmobiliaria. Cualquier proyecto de transformación urbanística aporta un incremento del aprovechamiento del suelo y, en consecuencia, una plusvalía para la propiedad de ese suelo. Por ejemplo, tenemos una parcela del Poblenou con una nave industrial sin actividad, en la cual el planeamiento vigente fija que sólo se pueden llevar a cabo usos industriales y establece una edificabilidad en metros cuadrados de superficie total, número de plantas totales, volumetría, etc., específicos. Entonces, se aprueba un nuevo planeamiento urbanístico que determina que, por ejemplo, se pueden llevar a cabo usos industriales y de oficinas (pero de determinados sectores), pero también se puede construir en esa parcela un hotel, y además se incrementa la superficie edificable y el número de plantas. A partir de ese momento, el propietario de esa parcela puede tirar abajo la nave abandonada, construir un hotel o un edificio de oficinas y obtener un beneficio. Ése es el aprovechamiento urbanístico derivado del nuevo planeamiento. Como desde una perspectiva de economía social parece lógico pensar que este modelo contribuye al beneficio de unos pocos por la actuación del sector público, desde la ley del suelo de 1975 y posteriormente en la Constitución española y en las sucesivas leyes urbanísticas catalanas, se establece una participación de la Administración en ese aprovechamiento. Concretamente, como mínimo y a groso modo, un 10% de ese aprovechamiento urbanístico debe ser cedido obligatoriamente a la Administración, a los ayuntamientos. Simplificando mucho, este 10% puede suponer que parte de las parcelas incluidas en un plan urbanístico tengan que pasar a ser de titularidad pública, pero también puede ser sustituido por una aportación económica. Es decir, la propiedad privada del suelo paga al Ayuntamiento de turno el equivalente económico a ese aprovechamiento del 10%. Y ahí está el círculo vicioso del modelo, porque muchos ayuntamientos han dedicado esos ingresos a cubrir el pago de las nóminas de sus funcionarios, a invertir en equipamientos de dudosa rentabilidad, etc. Por lo tanto, el propio modelo urbanístico hace que el sector público contribuya a que la iniciativa privada especule con el suelo y con el urbanismo, para obtener una plusvalía que implica unos ingresos para la Administración.

Pues bien, éste es en parte el modelo urbanístico que tenemos en Catalunya y que, a mi juicio, ha contribuido a echar leña a la burbuja inmobiliaria. No obstante, hay que decir que en el caso del 22@ el proyecto fija que el 10% de la cesión del aprovechamiento medio debe ser destinada a equipamientos públicos y, por tanto, no puede ir directamente a pagar algunos sueldos, por ejemplo. Es de agradecer, pero no evita la perversión del modelo y, sobre todo, su dependencia de la actividad inmobiliaria y de las expectativas de plusvalía de la iniciativa privada. Y es que excepto en seis ámbitos específicos donde el Ayuntamiento establece que el proyecto de reforma será a iniciativa pública, para el resto del ámbito del 22@ se deja a la iniciativa privada la potestad de proponer planes de reforma urbana, es decir, se espera a que la propiedad del suelo tenga incentivo económico (expectativa de plusvalía) para poder transformar el suelo en nuevos edificios, nuevas zonas verdes, nuevos equipamientos, etc. Es decir, si no hay expectativa de plusvalía, la transformación puede no llevarse a cabo.

En un contexto de boom inmobiliario, ¿qué ha ocurrido?, que las promotoras inmobiliarias pronto vieron el negocio. Hacerse con grandes superficies de suelo industrial degradado o abandonado, para transformarlo en oficinas, hoteles, etc., y obtener un beneficio. Pero también ocurre otro fenómeno y es que muchas de las empresas que estaban funcionando tienen ante sí una posibilidad muy enriquecedora. Vender su emplazamiento a una promotora inmobiliaria por una cifra astronómica y desplazarse a la periferia del área metropolitana, donde además tendrá mejores accesos y conexiones, suelo más barato, etc. Así pues, se inicia un proceso de deslocalización industrial, obsoleta o no, donde las actividades industriales se convierten en especuladoras del suelo y las promotoras inmobiliarias en los cazadores de fortuna que van detrás de hacerse al precio que sea necesario con ese suelo con altas expectativas de plusvalía. Esa es la transformación del modelo económico que en gran medida ha conllevado el 22@, cambiar una industria obsoleta por una industria de la especulación inmobiliaria. Y es que tirar abajo naves industriales para construir oficinas no implica per se y por arte de magia que la actividad económica se transforme de improductiva y nociva en productiva y limpia.

Mientras el boom inmobiliario existe la ecuación funciona a la perfección y da la sensación de que todo fluye sin fisuras. Pero, ¿qué ocurre cuando las promotoras inmobiliarias quiebran, cuando las empresas todavía ubicadas en el Poblenou ya no reciben suculentas ofertas para vender su suelo y, por lo tanto, no tienen el incentivo económico del pelotazo?

La mejor forma, seguramente, de ver cómo el 22@ se sustenta sobre la especulación, lo que ha supuesto un gran crecimiento entre los años 2000 a 2007 y una actividad muy limitada en los últimos dos años, es plantear un caso concreto.

Situémonos en la manzana comprendida entre las calles Sancho de Ávila, Tánger, Álava y Ávila. En el año 2004, una promotora inmobiliaria presenta ante el Ayuntamiento de Barcelona una plan de reforma urbana (PMU) para la transformación de parte de la manzana, excluyendo cuatro bloques de viviendas de la calle Tánger que han sido considerados por el 22@ como frente consolidado de viviendas y que, por tanto, pueden mantenerse intactas. Pues bien, esta promotora es en ese momento propietaria del 72% del suelo del ámbito de transformación de esa manzana, concretamente, de dos parcelas sobre las que se levantan naves industriales en desuso.


Lógicamente, no es que esta promotora hubiera estado históricamente ubicada en estas dos parcelas, sino que las adquirió para llevar a cabo la operación inmobiliaria amparada por el 22@ y obtener una plusvalía. Especulación pura y dura. En sus parcelas correspondientes, la inmobiliaria obtiene un aprovechamiento de alrededor de 20.000 metros cuadrados edificables (edificios para actividades @ de planta baja más 5 más ático), cuando las naves obsoletas tenían unos 5.000 metros cuadrados edificados. Obviamente, de lo que la ley impone, se derivan cesiones para espacios públicos (se introduce un pasaje en medio de la manzana), para zonas verdes, equipamientos y también vivienda protegida en las dos esquinas de la calle Tánger. Hay que ser justos y decir que esta última parte de dotaciones públicas es una buena contribución y abre un resquicio de esperanza hacia modelos urbanísticos más productivos socialmente hablando.


El plan es aprobado por el Ayuntamiento a mediados de 2005, imponiendo un plazo máximo de cuatro años para su ejecución. Se derriban las naves industriales afectadas, quedando en pie en la esquina de Sancho de Ávila con Ávila la nave de la empresa de café UNICSA, que entra dentro de las actividades industriales permitidas para el distrito 22@ y puede seguir funcionando, así como tres bloques de viviendas del frente consolidado de Tánger (el cuarto bloque también fue adquirido por la promotora inmobiliaria y ya ha desaparecido).

Pero pasan los años y el solar sigue sin edificar, lleno de maleza, en estado deplorable. Incluso en algún momento aparece un cartel de una entidad financiera anunciando “Solar en venta”. Sospechoso.


Es cuestionable que ahora la manzana esté menos degradada que cuando estaban las naves en pie y la realidad es que pasados cinco años no ha habido regeneración y los equipamientos no aparecen. ¿Qué puede haber pasado? ¿No será que la crisis inmobiliaria ha puesto en entredicho la viabilidad y rentabilidad de la operación inmobiliaria? ¿No será que el precio que la promotora pagó por el suelo en su momento es ahora superior a la expectativa de plusvalía? ¿No será que la entidad financiera de turno ha embargado los solares a la promotora? ¿No será que sin especulación no hay transformación? No puedo confirmar la respuesta a ninguna de estas cuestiones, todo son puras especulaciones.

El inevitable peaje de transformar un barrio degradado en un barrio de moda: Prenzlauer Berg y Bolonia

La gentrificación, del término inglés gentrification, podría traducirse por algo así como aburguesamiento. Este concepto se aplica en procesos de rehabilitación y regeneración urbana, es decir, en casos de barrios históricos que tras caer en un estado de decadencia, abandono e incluso marginalidad, resurgen de sus cenizas fruto de la intervención urbanística, pero erigiéndose como nuevos centros residenciales de atracción de clases medias y altas con elevado poder adquisitivo, lo que conlleva al progresivo encarecimiento de la vivienda, a la aparición de caros negocios destinados a este tipo de público y, por último, la inevitable expulsión de la población originaria del barrio. Es decir, que la gentrificación alcanza los objetivos de regenerar una zona urbana, pero seguramente a un precio que no siempre es socialmente aceptable.

Pero hasta aquí, simplemente se trata de la constatación de un hecho, la cuestión es si regeneración y gentrificación son inseparables. Personalmente, opino que en sus aspectos más positivos, la gentrificación es deseable porque revitaliza y dinamiza un barrio deprimido, lo hace más seguro y lo embellece, el problema es cuando lleva inevitablemente a crear un mercado de la vivienda inaccesible para la mayor parte de la población de una ciudad y, por tanto, contribuye a crear zonas socialmente contrapuestas dentro de una misma ciudad. La cuestión es entonces si resulta inevitable que los precios de la vivienda suban meteóricamente en procesos de regeneración urbana o bien existen modelos y ejemplos que hayan conseguido evitar este fenómeno. Pues bien, me temo que con el actual modelo de gestión urbanística que impera en la mayoría de los países europeos, donde el sector privado tiene un papel protagonista en estos procesos de regeneración y, por tanto, la especulación y la búsqueda de la rentabilidad económica campan a sus anchas, gentrificación y regeneración parecen inseparables.

Para analizar esta cuestión, en Europa existen dos casos que ilustran que, pese a lograr inicial y parcialmente rehabilitar barrios sin disparar el precio de la vivienda e incluso sin expulsar a su población tradicional, inevitablemente, con el tiempo la gentrificación acaba apareciendo. En algunos casos porque la iniciativa privada acaba predominando por encima de la intervención o la regulación pública, el caso de Prenzlauer Berg en Berlín. En otros casos, porque el propio sector público pone en marcha proyectos de equipamientos públicos que acaban derivando en la elitización de un barrio, el caso del centro histórico de Bolonia.

Comencemos con el ejemplo de Bolonia, que realmente puede considerarse un caso de relativo éxito, al menos durante la década de 1970. El centro histórico de Bolonia sufrió un progresivo abandono desde los inicios de 1950, pasando de 113.000 habitantes en 1951 a 80.000 en 1971, y alcanzando una tasa de edificios abandonados del 10%. En ese momento, el ayuntamiento controlado por el Partido Comunista de Italia, puso en marcha un ambicioso plan de regeneración urbana que se proponía recuperar el centro histórico, básicamente porque la cuidad había crecido de forma dispersa, en lugar de aprovechar la ciudad existente (actualmente ocupa el 8% de toda la superficie del municipio mientras que en 1941 suponía el 26%). El punto más interesante de los distintos proyectos de regeneración urbana emprendidos en esa década es, a mi juicio, el plan social de viviendas de 1973. Básicamente, a través de un proceso jurídico-administrativo único hasta ese momento, se consiguió expropiar vivienda privada abandonada para su rehabilitación y transformación en vivienda social. Hasta entonces, la expropiación de bienes inmuebles privados tan sólo era aceptada para la construcción de infraestructuras tales como carreteras, ferrocarril, etc. Parte del centro histórico, que permanecía abandonado, resurgió totalmente rehabilitado, con edificios históricos recuperados, con calles revitalizadas y todo ello manteniendo el vecindario tradicional y con un aumento de la vivienda social disponible.


El problema fue que el resto del centro que no había sido objeto de este plan de viviendas sociales, continuó perdiendo población y degenerándose año tras año, con lo que el ayuntamiento optó por tirar adelante otros proyectos de regeneración, esta vez basados en la construcción de equipamientos culturales y educativos, en colaboración con la universidad, tratando de posicionar el centro de Bolonia como un polo de atracción de población universitaria, joven, cultural e intelectualmente activa. Y ése fue el inicio del camino inevitable hacia la gentrificación porque, de forma gradual, el centro histórico de Bolonia fue atrayendo a población con mayor renta, a nuevos y sofisticados negocios relacionados con la restauración y el ocio y, con ello, los precios de la vivienda fueron escalando. La cuestión es que fruto de este proceso final de gentrificación, el centro histórico de Bolonia dejó de perder población y desde 2001 a la actualidad se ha mantenido alrededor de los 50.000 habitantes censados, y acogiendo a más 150.000 personas (estudiantes, comerciantes, visitantes, etc.) que se mueven a diario por ese barrio. El poder público ha terminado por aceptar la gentrificación como la solución para la revitalización y conservación del centro de la ciudad, intentando minimizar su impacto sobre la población más desfavorecido con puntuales planes de vivienda social.

El caso de Prenzlauer Berg es seguramente más conocido, ya que después de la caída del Muro, este barrio de la antigua Berlín oriental se ha convertido en uno de los barrios más de moda de toda Europa. A finales del siglo XIX, Prenzaluer Berg era un barrio obrero superpoblado y con edificios que no cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad ni siquiera de la época, sin calefacción ni servicios sanitarios de ningún tipo. Durante el periodo de la RDA, el gobierno comunista no intervino en la progresiva decadencia y abandono del barrio, de hecho lo utilizó como muestra propagandística de lo que el sistema capitalista suponía. Progresivamente, las familias que habitaban el barrio fueron trasladándose a los nuevos y “modernos” barrios de enormes bloques prefabricados que el régimen publicitaba como paradigma de las bondades del socialismo. La reunificación no cambió demasiado las cosas en un inicio, ya que a inicios de la década de los 90, en Prenzlauer Berg, una sexta parte de las viviendas estaban abandonadas, el 43% de los apartamentos no tenían lavabo y el 23% lo tenían, pero compartido con el resto del edificio.

Pero la localización de Prenzlauer Berg, en el centro neurálgico del nuevo Berlín reunificado, era demasiado privilegiada como para permitir que el barrio siguiera en su curso de abandono progresivo. Así pues, el Estado de Berlín, puso en marcha un proyecto de regeneración urbana, basado por un lado en un proceso de transformación del espacio urbano, de los equipamientos e infraestructuras del barrio, desde el punto de vista de las necesidades de los vecinos. Para ello contrató a una agencia de desarrollo urbanístico que había conseguido regenerar con éxito el barrio de Kreuzberg en el Berlín occidental.
Complementariamente, se propuso renovar y modernizar las viviendas del barrio, incentivando con ayudas y subvenciones públicas la rehabilitación de las viviendas privadas. La rehabilitación de los edificios se propuso mantener la estructura de los mismos, conservando la esencia histórica del barrio. Como contrapartida, el precio de los alquileres estaba limitado públicamente en el caso de apartamentos que fueran renovados y tuvieran ya inquilinos, pero el precio era libre para viviendas no habitadas y que se reformaban y acogían a nuevos inquilinos. Esta política pública de subvención de la reforma y limitación del precio para los alquileres existentes tuvo dos efectos: el primero es que más del 80% de los 32.000 apartamentos del barrio fueron rehabilitados, casi el 60% recibiendo subvenciones públicas. El problema es que se creó un mercado del alquiler dual, con nuevos inquilinos llegando al barrio y pagando alquileres entre un 25 y un 30% más elevados que los ya existentes. Por lo tanto, el incentivo para la propiedad privada que buscaba la inversión en el alquiler de viviendas era el de generar nuevos contratos, por lo tanto, reformar cuando no había inquilino o esperar a que abandonaran el apartamento.


El fruto de esta política de regeneración fue un cambio gradual pero sustancial sobre la estructura poblacional del barrio. A comienzos del 2000, el 57% de las viviendas estaban ocupadas por una sola persona, el porcentaje de población entre 25 y 45 años había pasado del 35% en 1991 al 53% en 1999 (llegando a ser los inquilinos de entre 18 y 45 años el 85% del total en el barrio), el porcentaje de habitantes con al menos un diploma de bachillerato se había doblado y la renta media se había aproximado a la media de Berlín. Un estudio del DIFU demostró que el 50% de los habitantes de Prenzlauer Berg se habían trasladado al barrio después de la reforma de las viviendas, luego eran nuevos contratos. En total, dos tercios de los contratos de alquiler eran nuevos y, por tanto, de renta libre. En definitiva, los intentos gubernamentales por llevar a cabo una regeneración del barrio que no conllevará una modificación de la estructura de la población del barrio, es decir, la gentrificación, fueron exitosos mientras los contratos antiguos siguieron existiendo. Mientras tanto y silenciosamente, gran parte del barrio, las viviendas abandonadas, fue rehabilitado progresivamente y llegaron nuevos inquilinos con mayor poder adquisitivo, mientras que los antiguos vecinos seguían viviendo en apartamentos sin reformar y se iban trasladando a los que iban quedando sin reformar, hasta que casi todos estuvieron reformados, cuando no tuvieron más remedio que dejar el barrio. El Estado retiró las subvenciones a la reforma y la regulación a los precios del alquiler y con ello la gentrificación de Prenzlauer Berg ya se había consumado.

Así pues, tanto en el caso del centro histórico de Bolonia como en el de Prenzlauer Berg en Berlín, la regeneración urbana sin aburguesamiento e impacto sobre los precios de la vivienda se aguantó hasta que el sector público pudo sostener el precio económico y político. Expropiar para crear vivienda social tienen un precio en inversión pública y también en votos. Subvencionar la reforma privada de viviendas y regular el precio máximo de los alquileres lo mismo. Por lo tanto, mientras el sector público puede operar relativamente en solitario, parece ser que la ecuación regeneración sin gentrificación es factible. Sin embargo, cuando el sector público desiste en el empeño, por los motivos que sean, y la iniciativa privada se queda sola, la cosa cambia.

Pero claro, la cuestión es también, ¿a qué persona joven y con una renta media-alta no le apetecería vivir en los gentrificados Prenzlauer Berg o centro histórico de Bolonia si tuviese que mudarse a Berlín o Bolonia?

Urbanismo sostenible: rehabilitar vs edificar

El concepto de sostenibilidad está en boca de muchos desde hace algunos años. Pese a ello, no resulta sencillo definir claramente este término, quizás debido a su uso excesivo por parte de la clase política, convirtiéndolo en un concepto ambiguo y no siempre conciso. La sostenibilidad es principalmente utilizada en relación con el medio ambiente y el cambio climático, pero en muchos casos incluso se aplica a otros campos como el de la economía (la ley de economía sostenible del actual Gobierno español). Sin embargo, no es tan conocida su aplicación en el ámbito de la planificación territorial y, sobre todo, del urbanismo.

Pese a que en los últimos años y especialmente en el caso de Catalunya, las sucesivas leyes y normativas urbanísticas promulgan la necesidad de promover una planificación territorial sostenible, que haga un uso racional del suelo y de los recursos, cosa que realmente parece haberse logrado, en muchas ocasiones, esta buena práctica no se aplica en el caso de la ordenación y la transformación de la ciudad existente. Y es que los grandes proyectos urbanísticos de ciudad se asocian generalmente a transformaciones radicales de la fisonomía de una parte preexistente de la ciudad (por ejemplo, en el caso de Barcelona, la Vila Olímpica o más recientemente el sector de Diagonal Mar). Los grandes proyectos, los que se premian, los que aparecen en las revistas de urbanismo y arquitectura, son habitualmente los que arrasan con lo anterior y construyen algo totalmente nuevo.

Como siempre, el caso de Barcelona es bastante ilustrativo. Se ha citado en este blog en muy diversas ocasiones proyectos como el de la Vila Olímpica. En este caso, toda la zona de Icaria, en la que hasta mediados de la década de 1980 se agolpaban numerosos edificios industriales, de mayor o menor riqueza histórica y arquitectónica, y en la que tras las construcción de la villa olímpica para los JJOO de 1992, tan sólo queda el recuerdo de la chimenea del antiguo complejo industrial de Can Folch (al final de la actual calle Marina).

Pero en Barcelona existen otros casos más allá del Poblenou que también ilustran el gusto de esta ciudad por los proyectos urbanísticos de transformación radical del paisaje urbano. Y uno de ellos es el caso del antiguo Instituto Mental de la Santa Creu, sobre el que actualmente se alzan el Parc Central de Nou Barris, el Parc Tecnològic Barcelona Nord y la sede del Distrito de Nou Barris, entre otros equipamientos públicos.


Construido a partir de 1888 en el antiguo término municipal de Sant Andreu del Palomar, estuvo en funcionamiento hasta 1992, pese a que fue objeto de derribos parciales a partir de 1973, cuando las operaciones de especulación urbanística vinculadas a los polígonos de vivienda social del Régimen se fijaron en esa inmensa parcela de 120 hectáreas situada en la periferia obrera de Barcelona. En ese primer momento, el complejo sanitario fue parcialmente derribado, dejando tan sólo una pequeña parte del gran edificio, pese a que no se llevo el previsto derribo total del complejo. En 1993, se puso en marcha una primera fase del proyecto de transformación de la zona, que preveía la construcción de un gran parque, así como la instalación de la sede del Distrito de Nou Barris, la construcción de una biblioteca, del Archivo Municipal del Distrito, de vivienda protegida y del actual Parc Tecnològic Barcelona Nord, que acoge una incubadora de empresas y diferentes servicios de Barcelona Activa. En esa primera fase, básicamente se llevó a cabo la construcción del Parc Tecnològic. En 1999 se puso en marcha una segunda fase, centrada en la construcción del parque y del resto de equipamientos. Del antiguo manicomio resiste hoy una pequeña pieza que ha sido rehabilitada y transformada en la Sede del Distrito y el Archivo Municipal.


El equipamiento de Barcelona Activa fue construido totalmente de cero, sin aprovechar ni una sola de las edificaciones preexistentes, aunque cabe decir que el derribo de 1973 tampoco había dejado demasiada cosa en pie. Sin embargo, la rehabilitación consta como una parte minoritaria, casi anecdótica, quizás por lo elevado de su coste, pero quizás también por la complejidad de acometerla con solvencia y garantías. Parece que resulta mucho más sencillo para todos los agentes implicados arrasar y construir algo nuevo, en lugar de dedicar tiempo y esfuerzos a aprovechar patrimonio histórico, que además contribuye a conservar la esencia histórica de un barrio.


En mi opinión, regeneraciones urbanas como ésta son precisamente la antítesis del urbanismo sostenible. Destruir y arrasar el patrimonio histórico de las ciudades, sea cultural o industrial, tiene un impacto muy elevado sobre la sostenibilidad. Construir de cero por encima de rehabilitar y reutilizar lo existente es insistir sobre un modelo que se basa sobre la falsa concepción de que los recursos son ilimitados y que hacer algo nuevo es símbolo de progreso, mientras que reutilizar lo existente es de pobres.

En la actualidad, el parque central de Nou Barris es un ejemplo de un proyecto urbanístico de elevada calidad, desde el punto de vista paisajístico y de regeneración urbana, pero no puede serlo desde el punto de vista de un desarrollo urbanístico sostenible, desde el necesario nuevo papel del urbanismo y de la planificación territorial sobre el nuevo modelo económico que necesitamos. Desde el desplome del sector de la construcción, se habla mucho de la necesidad de orientar esta actividad económica hacia la rehabilitación en lugar de la construcción de nueva planta. Pues bien, nuestras ciudades ofrecen centros históricos y zonas urbanas degradadas que son el laboratorio perfecto para poner en marcha esta nueva política.

Can Gili Nou: el precio de lo público en el 22@

Can Gili Nou es un complejo industrial situado en la calle Taulat número 5 (esquina con Ciutat de Granada) del Poblenou de Barcelona, construido en 1880 y constuido por varias construcciones fabriles. Desde la fecha de su construcción hasta el primer cuarto del siglo XX, este complejo albergó las instalaciones de la fábrica de harinas “La Trinidad”, propiedad de Josep Gili, hermano de Andreu Gili, a su vez propietario de la fábrica también de harinas “La Fama”, ubicada en otro complejo a escasos metros, conocido como Can Gili Vell. Tras el cierre de la fábrica en 1916, el complejo pasó por varias manos, hasta ser adquirido en 1989 por la empresa de seguridad Securitas, la cual instaló sus oficinas centrales. En la actualidad, este complejo ha sido transformado en vivendas “no convencionales”, un hotel y un centro de barrio para la Vila Olímpica. Es, sin duda, un magnífico ejemplo de cómo el proyecto urbanístico 22@ ha contribuido de manera decisiva a las operaciones inmobiliarias especulativas.

Pero, pongámonos en contexto para entender el proceso. En el año 2000, el Ayuntamiento de Barcelona aprueba el proyecto 22@, que a nivel urbanístico, supone una modificación del Plan General Metropolitano, con el objetivo de transformar la zona industrial del Poblenou en una nueva zona en la que albergar a empresas innovadoras e intensivas en conocimiento, pasar de la clave 22, que caracterizaba la industrial tradicional, obsoleta y molesta, a un industria moderna, tecnológicamente avanzada.

En el caso concreto de Can Gili Nou, este proyecto, a priori, no debía tener mayor impacto, dado que ese complejo albergaba a una empresa de seguridad que, no puede ser tildada de nociva ni molesta, y que hasta cierto punto puede ser calificada de no obsoleta. Además de este lícito objetivo, el 22@ pretendía la conservación del patrimonio industrial del Poblenou, primando la rehabilitación de edificios fabriles, antes que la construcción de nuevas instalaciones. Sin duda, otro propósito que sobre el papel es totalmente loable. Sin embargo, el plan esconde otra proposición que, en mi opinión, es del todo perniciosa: la posibilidad de conservar edificios industriales mediante su transformación en viviendas “no convencionales”. La coletilla “no convencional” es en este caso sinónimo de “lofts y viviendas de lujo al alcance de muy pocos bolsillos”. En este contexto, el 22@ elabora un catálogo de fábrica susceptibles de ser transformadas en viviendas “no convencionales”, incluyendo Can Gili Nou.

Como era previsible, dentro de la vorágine constructora del momento, una empresa promotora compra el complejo a la empresa Securitas y en el año 2005 presenta al Ayuntamiento de Barcelona su proyecto de transformación de la fábrica de Can Gili Nou en un complejo de tres edificios de viviendas “no convencionales” y un hotel de siete plantas. Como cesión obligatoria de suelo, la promotora entrega 1.900 metros cuadrados de un total de 10.000 metros cuadrados edificables (viviendas más hotel), de acuerdo con lo que marca la normativa. De la cesión obligatoria, 1.300 metros van a espacio libre y 600 a un equipamiento público, el futuro Centro de Barrio de la Vila Olímpica.


Vayamos por partes, porque merece la pena. Por un lado, se permite construir un hotel de 7 plantas, que rompe totalmente la morfología del complejo, bajo el argumento de que el 50% de la planta baja estará elevada y, por tanto, será transitable para los ciudadanos, dando continuidad a la calle Ciutat de Granada hacia Taulat y Avenida Icària. Se acepta que el espacio libre que queda en el patio central entre los edificios de viviendas no sea zona verde, dado que debajo de todo el complejo se permite construir un parking que impide que ese espacio sea apto para plantar ningún tipo de vegetación. Este hecho se aprueba aún y con la recomendación desfavorable de la Comisión de Calidad del Ayuntamiento. En realidad, este espacio libre es la recuperación como espacio público (calle) del patio interior del complejo, lo que básicamente hace que las viviendas en planta baja con terraza se conviertan en un caramelo en manos de los amigos de lo ajeno.

Y por otro lado, los 6.000 metros edificables de viviendas “no convencionales”. Curiosamente, en diciembre de 2004, en reunión del Consejo del Distrito de Sant Martí, el regidor del Distrito aseguraba que en este complejo se construirían viviendas sociales. En la actualidad, las viviendas construidas se venden a precios que oscilan entre los 400.000 y el millón de euros.

Pero en mi opinión, lo más interesante de este proyecto es la construcción del Centro de Barrio en uno de los edificios del complejo, como parte de la cesión obligatoria de suelo que marca la ley de urbanismo. Se trata de un equipamiento que tendrá 1.100 metros cuadrados de superficie, en dos plantas, y que servirá para que las entidades del barrio puedan hacer uso para sus actividades sociales. Pensemos por un momento, el precio social de un equipamiento público y la recuperación de unos 1.300 metros cuadrados de espacio público en forma de calle. Un complejo industrial del XIX, donde se ubican las oficinas de una empresa de seguridad, de la noche a la mañana, por obra y gracia de una Administración Pública, se convierte en una parcela con una edificabilidad de 10.000 metros cuadrados, entre tres edificios con viviendas de lujo y un hotel de siete plantas. A cambio, la ciudad obtiene un equipamiento público de 1.000 metros, cuyo encaje en el entorno es más que forzado, y un espacio público de cemento, sin zona verde ninguna, y cuya utilidad pública es más que discutible, dado que no garantiza un verdadero tránsito continuo entre la calle Dr. Trueta, Taulat y Avenida Icaria.


En este caso concreto, el 22@ contribuye de forma decisiva a inflar el mercado inmobiliario, a convertir un patrimonio industrial de valor histórico en un complejo de lujo, introduciendo un hotel que rompe la estética y la estructura vecinal del barrio, en un claro intento de gentrificación, es decir, de expulsión de los usos tradicionales y propios de la zona, introduciendo población de renta elevada, impidiendo que la gente del barrio siga viviendo en él.

Aunque todo se haga de acuerdo con la ley vigente, sin duda se podría hacer de otra manera. Se puede mantener y rehabilitar el patrimonio industrial del Poblenou sin contribuir a la especulación, sin llenar la zona de hoteles, pensando en las consecuencias para el barrio y su estructura social y económica. Porque de la misma forma en que el planeamiento permite al privado transformar un complejo industrial en un lucrativo proyecto de viviendas más hotel, el Ayuntamiento podría haber adquirido previamente este complejo para transformarlo, por ejemplo, en un equipamiento más digno para el barrio y en viviendas de alquiler público. No hace falta hacer muchos números, es fácil imaginar el pelotazo de Securitas al vender el complejo a la inmobiliaria, calcular el beneficio de la inmobiliaria entre la operación del hotel y la rehabilitación de las viviendas. Y también es sencillo calcular el escaso beneficio social de todo esto.

El papel del comercio en el espacio urbano: la Vila Olímpica de Barcelona

Resulta innegable que el comercio, tanto el modelo de comercio minorista de proximidad, como los nuevos modelos de grandes superficies (tanto en interior de núcleo urbano como en la periferia), tiene un gran impacto sobre el espacio urbano de las ciudades. Un barrio tendrá más o menos vitalidad, más o menos seguridad en sus calles, un mayor o menor uso de los espacios públicos, dependiendo de si se caracterizan por modelos comerciales donde destacan los pequeños comercios al detalle o si apuestan por grandes superficies o centros comerciales.

En el caso del barrio de la Vila Olímpica de Barcelona, la ausencia de comercio de proximidad y la existencia de un centro comercial de ocio y restauración que monopoliza la actividad comercial del barrio, conlleva que el uso habitual y frecuente del espacio urbano (de sus calles, de sus zonas verdes) por parte de sus vecinos brille por su ausencia.


En el siguiente estudio se plantea un modelo comercial alternativo que podría dar un dinamismo al barrio, contribuyendo a una mayor vitalidad del barrio e incluso aumentando la sensación de seguridad de sus calles.

Un nuevo modelo de desarrollo comercial para el barrio de la Vila Olímpica