Gallecs: el new town de Barcelona

En junio de 1970, el Gobierno español promulgó un decreto-ley de actuaciones urbanísticas urgentes, dentro del denominado Programa ACTUR, el cual pretendía dar solución a los problemas de crecimiento desbordado en las grandes concentraciones metropolitanas de Madrid y Barcelona, fruto principalmente de los movimientos migratorios hacia esas ciudades experimentados durante los años 60. En el área metropolitana de Barcelona, el Programa ACTUR determinó actuaciones en tres ámbitos: Martorell, Sabadel-Terrassa y la riera de Caldes (ámbito también llamado Gallecs). La actuación urbanística de Gallecs es quizás de las más interesantes, ya que proponía la creación de una nueva ciudad, al estilo de los new towns ingleses o de las ville nouvelle francesas. Los new towns ingleses, de los cuales el de Milton Keynes es seguramente el caso más paradigmático, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial básicamente pensadas como nuevas ciudades jardín, que buscaban crear nuevas centralidades que permitieran la descongestión y descentralización del crecimiento de las grandes ciudades, principalmente de Londres, poniendo así un límite al crecimiento de las grandes concentraciones urbanas.


Con este modelo de nueva ciudad en mente, el Gobierno procedió a la rápida expropiación de un total de 1.472 ha de suelo ubicadas en los municipios de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau de Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Polinyà y Montcada i Reixac. Era pues una actuación urbanística de índole supramunicipal, que se imponía a cualquier tipo de planificación local pre-existente y que buscaba dar una salida a las necesidades de crecimiento desde un punto de vista metropolitano y no localista. Así pues, pese a lo quizás reprochable del proceso de expropiación forzosa, el modelo urbanístico era bastante loable, proponiendo un crecimiento compacto en lugar de la dispersión de crecimientos puntuales en cada municipio de la corona metropolitana.

En menos de un año, las expropiaciones fueron ejecutadas, pero entonces se originó un problema administrativo que puso en jaque (posteriormente jaque mate) el desarrollo de esta nueva ciudad de Gallecs. Y es que no estaba claramente definida la naturaleza jurídica de este nuevo asentamiento y, con ello, su financiación y viabilidad económica. Mollet del Vallès, municipio que aportaba una mayor cantidad de suelo, propuso que la nueva ciudad estuviera bajo su tutela administrativa. Sobre la mesa también se puso la alternativa de crear una mancomunidad de municipios. Pero finalmente, no hubo respuesta por parte del Ministerio de la Vivienda, hasta que en octubre de 1973 se comunicó la decisión de paralizar el proyecto de new town de Gallecs. El principio del fin del régimen, así como el impacto de la crisis económica tuvieron un papel determinante en esta decisión, pero también la falta de voluntad de colaboración entre municipios y de visión supramunicipal. La llegada de la democracia, el traspaso de competencias urbanísticas a la Generalitat y el cambio de titularidad del suelo expropiado al Incasol, supuso casi una década de inmovilismo, llegando a la década de los 80 con la realidad de una enorme reserva de suelo clasificada como urbanizable, sobre la que los municipios no podía ejecutar ningún tipo de desarrollo urbanístico por su cuenta y, además, con un gran valor paisajístico y medioambiental. Además, existía y existe otra problemática derivada de la expropiación forzosa y es que no es posible cambiar la clasificación del suelo a no urbanizable, dado que eso podría conllevar a que los antiguos propietarios expropiados reclamaran sus derechos sobre ese suelo, ya que fue expropiado por motivos de interés social que luego no se han llevado a cabo.


A partir de 1980, el Incasol, el agente autonómico sobre el que recaen las competencias de desarrollo urbanístico, llevó a cabo una política completamente contraria a lo que proponía en su momento el ACTUR de Gallecs, es decir, en lugar de concentrar crecimientos en esos terrenos, permitir crecimientos independientes en cada uno de los municipios de la riera de Caldes, algunos de ellos sobre el propio espacio de Gallecs. Así pues, Mollet del Vallès llevó a cabo una actuación de ensanche en parte de los terrenos de Gallecs, Palau de Plegamans y Santa Perpètua construyeron polígonos industriales, etc. Todo ello llevó a la situación actual en que, de las 1.472 ha expropiadas en 1970, tan sólo quedan libres de urbanización unas 800 ha.


Es decir que la paralización del proyecto de nueva ciudad en el área de la riera de Caldes, que suponía un crecimiento compacto de diversos municipios, el cual podía aportar un uso más eficiente del suelo y de los recursos, y un menor gasto de energía y de movilidad forzosa, fue sustituido por crecimientos dispersos y sin una lógica de conjunto. Duplicando oferta de suelo industrial sin una estrategia centralizada, duplicando equipamientos y, además, sin mantener intacto el valor verde de Gallecs, una de las reivindicaciones de los agentes de la zona y uno de los motivos de paralización del proyecto inicial. Ahora, la ley catalana de urbanismo aboga por un modelo de desarrollo urbanístico y territorial sostenible, que haga un uso racional y eficiente del suelo, que promueva crecimientos compactos y que evite la dispersión.

Ahora, existen 800 ha de suelo urbanizable no programado sobre los cuales existe un plan director urbanístico específico que promueve y trata de garantizar que Gallecs se constituya como un espacio libre de urbanización, como un espacio protegido de interés natural. Seguramente es la alternativa más lógica, pero es una lástima que durante 20 años, la política urbanística de la Generalitat no haya propiciado un modelo más sostenible de crecimiento urbano, no sólo facilitando sino contribuyendo a crecimientos irracionales, y ahora, la solución es parque natural y status quo. Pese a que se podría haber perdido un espacio de interés natural, parece menos recomendable el modelo adoptado de permitir la actuación independiente de cada municipio, sin responder al interés general. Parece mentira que una decisión y propuesta de un gobierno franquista tuviera, con matices, más lógica que las decisiones de sucesivos gobiernos democráticos.