En el año 2007, en la cúspide de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba el 18% del PIB español, mientras que la media de la UE-15 era aproximadamente del 6% (incluyendo en el cálculo de esa media la desorbitada cifra española). En España se construía a un ritmo de 800.000 viviendas nuevas al año, cuando la demanda digamos natural (explicada por razones demográficas como la tasa de personas en edad de emanciparse o la inmigración) no era de más de 350.000 viviendas al año.
A toro pasado, 3 años después, resulta bastante fácil para el común de los mortales decir que ésos eran síntomas evidentes de burbuja inmobiliaria. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los políticos que nos gobiernan y sus asesores económicos no lo percibieran? Yo creo que la explicación es muy sencilla. También en 2007, la tasa de paro alcanzaba cifras históricas (por lo bajas, no como ahora), al situarse poco por encima del 8%, y el PIB español mantenía un ritmo de crecimiento cercano al 4%. Pero el cortoplacismo y los intereses electorales caracterizan a la clase política española, y la permisividad y el pasotismo por estos asuntos a la sociedad española.
La crisis financiera iniciada en los EEUU hizo de detonador y permitió que el Gobierno se escudara durante dos años en el argumento de la crisis global para no tomar cartas en el asunto. Pero no se trata de un problema de un partido, sino de un sistema. El Partido Popular consolidó e incluso incrementó el crecimiento de la economía española basado en el ladrillo. Desde 1996, y sobre todo a partir de la ley del suelo de 1998, la construcción empezó una espiral irreversible que llevó al sector a las cifras de 2007. El PSOE, en el poder desde 2004, obviamente tampoco hizo nada por evitarlo, sino que participó de la fiesta, mostrando orgulloso las cifras de nuestra economía, las que la situaban en la “Champions League de las economías”.
Ahora el daño ya está hecho. Todos estos años de mirar para otro lado, de vivir por encima de nuestras posibilidades ya no tienen remedio. En efecto, ahora toca reformar el modelo productivo en profundidad, y en mi opinión, el urbanismo juega un papel fundamental. La ley del suelo (que es competencia estatal) y las leyes autonómicas de urbanismo deben ser modificadas para evitar nuevas situaciones como las vividas en los últimos 15 años. De no ser así, mucho me temo que nuestros políticos, a la mínima que les sea posible, optarán por tomar el atajo e intentar reactivar la construcción para poder recolocar a 1,5 millones de parados.
Además, no hay que olvidar que gran parte del endeudamiento del Estado proviene de los ayuntamientos, y que éstos han vivido durante los últimos años de los ingresos generados por la construcción. El problema de la financiación local es evidente, para mí es el otro pilar para la necesaria transformación del modelo económico. Un par de datos. Casi el 40% de los ingresos de las entidades locales provienen de impuestos. A partir del año 2000, el PP eliminó el impuesto de actividades económicas, con lo que los ayuntamientos básicamente pasaron a depender de los ingresos relacionados con licencias de obra, permisos de edificación, etc.
Pero no sólo eso, de acuerdo con la Constitución, la propiedad privada debe cumplir una función social. Es decir, en el caso de la propiedad del suelo, los propietarios están obligados a retornar parte de las plusvalías generadas por la actividad urbanística a la sociedad. Esto significa que un porcentaje de aproximadamente el 15% del aprovechamiento urbanístico (la rentabilidad que se va a obtener por el hecho de convertir un solar en viviendas o una zona industrial en residencial) tiene que ser cedida al municipio. A la práctica, esto significa que las zonas verdes, que los equipamientos públicos, que el espacio público se construye sobre la base de la iniciativa privada. Si el privado genera un pastel, la Administración local quiere una parte. Eso lo que hace no es más que incentivar que el pastel vaya creciendo. ¿Quieres una nueva zona verde? ¿Quieres un nuevo polideportivo? ¿Una piscina municipal? Para ello necesitas recalificar y edificar muchos metros cuadrados de techo, para que el porcentaje te salga. Sencillo, si quieres un equipamiento público de 10.000 m2, algún promotor deberá edificar unos 66.000 metros de viviendas u oficinas.
Todo ello aderezado con que cualquier ayuntamiento de España, por pequeño que sea, decide donde se puede edificar y donde no, decide si quiere crecer o no, si quiere más vivienda, si quiere más industria, si quiere un polideportivo igualito que el que tiene el pueblo de al lado, que está a menos de un kilómetro, por ejemplo. ¿Cuántos alcaldes son constructores y viceversa?
En mi opinión, las decisiones a partir de ahora en materia de urbanismo deben impedir que el sector de la construcción pase del 8-9% del PIB, aceptando que como destino turístico que es, es aceptable que España tenga una actividad constructiva superior al resto de Europa. La alternativa más radical, y seguramente la más efectiva, sería la “nacionalización” del suelo. Obviamente, resulta complicado de llevar a cabo a estas alturas, pero una manera podría ser la recalificación de todo el suelo que no sea urbano consolidado en no urbanizable. De esta forma, el sector público podría ir progresivamente adquiriendo a menor precio todo el suelo que rodea las primeras y segundas coronas urbanas, y de esta forma decidiendo y orientando (dentro de un plan estratégico supramunicipal) el crecimiento de las ciudades, además de pudiendo dotarse de un parque de vivienda pública de alquiler. Esta es una práctica que se lleva a cabo en algunos países europeos, como por ejemplo Francia.
Resulta imprescindible que la economía española aumente su productividad y se concentre en sectores de verdadero valor añadido. Lo que no puede ser es que un sector como la construcción, en el que la productividad ha crecido a una media del -0,1% en los últimos años, tenga el peso que ha tenido. Una salida en falso de la crisis económica puede ser más grave que la propia crisis. Pan para hoy y hambre para mañana.
