La Canonja, el municipio 947 de Catalunya. ¿Motivo de satisfacción?

El pasado 15 de abril, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la segregación de Tarragona de La Canonja, y su establecimiento como el municipio número 947 de Catalunya. Hay que decir que La Canonja había sido un municipio independiente hasta 1964, cuando las autoridades de la época decidieron anexionarlo a Tarragona. El motivo principal era que esta pequeña población había quedado encuadrada en un emplazamiento estratégico, apenas a un kilómetro del incipiente complejo químico de la ciudad. Tras la llegada de la democracia, en 1982, la Generalitat consideró que se constituyese como entidad municipal descentralizada (un núcleo de población sin ayuntamiento propio), y en 2004 se iniciaron los trámites para que La Canonja volviera a ser un municipio independiente nuevamente. Cabe decir que, en 2008, la Generalitat emitió un informe desaconsejando la segregación y que el Parlament la rechazó. Los argumentos en contra eran claros: no existía una separación de más de 3.000 metros entre el término de La Canonja y el siguiente núcleo poblacional (en este caso el barrio tarraconense de Bonavista). Y es que esa es una de las premisas que marca la ley catalana de régimen local para aceptar la segregación y creación de un nuevo municipio, con el objetivo de poder garantizar que el ayuntamiento resultante cuente con los recursos suficientes para asegurar su viabilidad y la prestación de los servicios necesarios y, supuestamente, evitar competencias duplicadas del todo ineficientes. Porque seguro que a nadie se le escapa que es más eficiente (para el contribuyente) establecer servicios públicos municipales compartidos entre dos núcleos urbanos anexos, que duplicarlos. Sin embargo, respondiendo a las motivaciones históricas, se aceptó establecer una excepción y autorizar finalmente a la segregación.

El caso de Tarragona es una buena muestra de un nefasto proceso histórico de crecimiento urbano y de ocupación del suelo. Con un término municipal que ocupa una superficie de 62,35 km2 (Barcelona tiene 101), tiene una población de aproximadamente 140.000 habitantes, dispersos en un total de 16 núcleos urbanos, donde el núcleo central de la ciudad de Tarragona apenas cuenta con unos 62.000 habitantes. A partir de finales de los 50, con la progresiva instalación de una extensa industria química, el crecimiento de la ciudad se estableció a partir de diferentes asentamientos, la mayoría de ellos a lo largo de la carretera N-340, donde a un lado está el polígono industrial químico y, al otro, los barrios de Campo Claro, Torreforta, Bonavista y, desde 1964, La Canonja. Al norte de la ciudad, y también sin continuidad urbana con el centro de Tarragona, aparecieron San Pedro y San Pablo y San Salvador. Desarrollados a partir de los años 60 y 70, algunos de ellos bajo la forma de los tradicionales polígonos de viviendas de la época y otros siguiendo modelos de urbanización más espontánea y auto-organizada, los barrios de Tarragona crecieron sin los servicios necesarios y con una gran dependencia de la ciudad, donde se concentraban los equipamientos públicos esenciales como hospitales e institutos. Obviamente, la ubicación geográfica distante de los barrios, su conexión con la ciudad a través de carreteras de tráfico intenso (nacionales en algunos casos) y la falta de un transporte público en condiciones, ha incentivado históricamente el uso intensivo del transporte privado para la movilidad diaria.


Con el paso de los años, los sucesivos ayuntamientos democráticos han intentado de forma progresiva paliar el déficit evidente de servicios y equipamientos en cada uno de los barrios de Tarragona, así como impulsar una red más extensa de transporte a través de la autoridad municipal. Simultáneamente, el boom inmobiliario de los últimos años ha propiciado el crecimiento de muchos de estos barrios. La planificación ha intentado guiar dicho crecimiento hacia la compactación con el núcleo histórico de la ciudad, favoreciendo el crecimiento en aquellas zonas más próximas al tejido urbano de la ciudad y haciendo prácticamente efectivo el continuo urbano entre la ciudad y alguno de los barrios. Además, intervenciones sobre infraestructuras viarias, como el desdoblamiento de algunas de las principales vías que cruzaban la ciudad y sobre las que se asentaban los barrios periféricos, ha facilitado su transformación en vías urbanas más pacificadas al tráfico, y que posibilitan (en algunos casos) el desplazamiento a pie entre la ciudad y dichos barrios. Pese a que la distancia entre muchos de los barrios de Tarragona hasta el centro de la ciudad es prácticamente insalvable desde el punto de vista de ciudad compacta, los progresos y las mejoras han sido evidentes y, por un lado, los desplazamientos se han reducido por la introducción de los servicios públicos esenciales en los barrios y, por el otro, se ha mejorado en la eficiencia de los mismos, potenciando el transporte público y mejorando los accesos peatonales.

Pero si bien, la planificación urbanística en la ciudad de Tarragona fue mediocre durante los años 60 y 70, propiciando un crecimiento disperso con asentamientos urbanos que carecían de los servicios mínimos, el proceso gradual de compactación de la ciudad y la progresiva implantación de los equipamientos y recursos necesarios, hubieran sido seguramente imposibles si cada uno de estos núcleos poblacionales hubieran sido municipios independientes regidos por sus propios ayuntamientos, respondiendo cada uno de ellos a sus intereses particulares. El control de la planificación urbanística por parte del Ayuntamiento de Tarragona, en la época y con los métodos adecuados, se ha demostrado mucho más eficiente de lo que lo pudiera haber sido con políticas propias en cada uno de los barrios.

Y nuevamente Tarragona nos facilita un nuevo ejemplo sobre esa imposibilidad de gestión urbanística coherente cuando coexisten diversos intereses municipales en un mismo contexto urbano. La conurbación de Tarragona y Reus es la segunda área metropolitana de Catalunya, con más de 600.000 habitantes, pero la falta de una entidad metropolitana que centralice la planificación urbanística y trace las líneas maestras para garantizar el correcto crecimiento del área urbana y su adecuada conectividad ha propiciado una situación actual de total aislamiento entre los distintos municipios que la integran. Por ejemplo, una red de transporte público entre Reus y Tarragona es prácticamente inexistente, obviando la gran cantidad de flujos de intercambio sociales y económicos existentes, y dejando nuevamente la única alternativa del transporte privado. Por otro lado, esa falta de planificación metropolitana ha propiciado la aparición de múltiples polígonos industriales dispersos por el territorio, carentes todos ellos de los sistemas de transporte público que los conecten con los núcleos urbanos, y redundantes en su existencia, ya que han respondido a los intereses municipales de urbanización y revalorización del suelo, más allá de la lógica que exige una visión de conjunto. Prueba de ello es que el Pla Territorial del Camp de Tarragona, aprobado por la Generalitat hace unos meses, tiene como objetivo primordial el de ordenar las urbanizaciones y los polígonos industriales aislados de las tramas urbanas, a la vez que propone que los crecimientos se concentren en aquellos núcleos urbanos capaces de crear una red de ciudades medianas que articulen el territorio y presten servicios al conjunto.

Ahora, aduciendo motivos históricos, se ha autorizado la segregación de uno de estos barrios de Tarragona, La Canonja, permitiendo que a partir de este momento, los intereses urbanísticos de este municipio de apenas 5.000 habitantes coexistan con los del conjunto del área de Tarragona. Veremos si esta concesión histórica no introduce interferencias en la recién inaugurada visión de área metropolitana que necesita el ahora llamado Camp de Tarragona. Es probable que si el Pla Territorial no introduce organismos que gestionen de manera real las dinámicas metropolitanas a nivel de planificación urbanística y de movilidad, nuevamente los intereses municipales se antepongan al interés general, porque lo que necesita Catalunya no son más municipios sino una gestión de conjunto.